Sumar saca de nuevo a la palestra el debate sobre la contradicción de que
funcionarios opten a servicios sanitarios privados con dinero público,
mientras los trabajadores y trabajadoras de la administración cada vez
eligen menos estos servicios
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| Vanbasten 23, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons |
Iván Menudo tuvo una fractura en un dedo en julio de 2022. Profesor de
profesión, tanteó una posible operación por la sanidad pública. Asegura
que le daban años de espera para ella. Como funcionario tuvo la
posibilidad de acceder a la sanidad privada a través de la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface). Para ello tuvo que
pasar del régimen público al de las mutuas privadas. Un “supuesto
privilegio”, que asegura que se le acabó volviendo en contra. “Bendita la
hora en la que lo hice”, se queja. Menudo, secretario general de CGT
Enseñanza de Andalucía, vio la cara más dura de la atención privada. En
Adeslas, asegura, ha tenido que costearse hasta la prótesis que necesita,
de 160 euros. “Me pedían papeles y más papeles hasta que desistí”,
explica. “Me pusieron unas agujas en la mano y en los hospitales privados
me dijeron que me las retirarían en seis meses, cuando me las tenían que
retirar en una semana”, añade.
“He vivido en mis carnes la realidad”, explica quien asegura que cada vez
son más los funcionarias y funcionarias que se pasan a la pública. Según
un
estudio
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de 2019, más de 10.000
funcionarios al año se han pasado a la sanidad pública en los últimos
tiempos. En concreto, la elección del Instituto Nacional de la Seguridad
Social (INSS) frente a las clínicas privadas ha pasado del 14,1% al 20,4%
en la última década.
Muface es el organismo público encargado de prestar asistencia sanitaria
y social al colectivo de funcionarios, tal y como se recoge en la ley
29/1975. Una entidad que cumple 48 años de vida y que ofrece a los
trabajadores y trabajadoras la posibilidad de permanecer en el régimen de
la sanidad pública a través del INSS o de cambiarse al régimen privado y
ser atendido por Asisa, Adeslas o DKV. Una “contradicción”, tal y como
recoge la
propuesta
programática en materia sanitaria de Sumar que se conocía este jueves y
que volvía a traer este debate a la palestra.
Así, la hoja de ruta de Yolanda Díaz, que se divide en 35 documentos
técnicos elaborados por especialistas que pueden ser complementados con
propuestas ciudadanas, se mojaba en este aspecto pidiendo la extinción de
este modelo de manera progresiva, elemento que también ha creado
controversia en el seno del Gobierno de coalición. La nueva ley sanitaria
que se debate en el Congreso mantiene esta dualidad, a la que se opone
Unidas Podemos. Un sistema gestionado por Muface y también la Mutualidad
General Judicial (Mugeju) para los trabajadores de la justicia y el
Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) para los empleados de ese
sector.
RIESGOS PARA LA SALUD
Los detractores del modelo Muface, además de hacer alusión a la
incoherencia de sufragar clínicas privadas con dinero público, destacan
una atención con riesgos para los pacientes que se decantan por la
privada. Según recoge la propuesta en materia de sanidad de Sumar,
coordinada por el Especialista en medicina comunitaria Rafael Cofiño
Fernández, se trata de “una incoherencia con el propio modelo asistencial
que, en vez de estar vertebrado por la atención primaria y comunitaria,
supone un paso directo a especialistas no generalistas, con el
consiguiente riesgo de salud para cada paciente al obviar un enfoque más
integral”.
Además, el estudio de la Universidad de Las Palmas habla de “selección
de riesgos” por parte de los operadores privados. “La maximización de
beneficios incita a las aseguradoras privadas a practicar la selección
de riesgos, cuando la regulación de precios de reembolso establece
precios uniformes para servicios heterogéneos”, explica Jaime Pinilla
Domínguez, investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias
y autor del informe. “En nuestro trabajo mostramos evidencias de una
heterogeneidad de riesgos que implican altos costes, lo cual impone
pérdidas importantes de bienestar a la sociedad. De acuerdo con nuestros
resultados, los beneficiarios de Muface, usuarios de servicios
hospitalarios intensivos o con condiciones crónicas como tumores,
problemas de riñón e hígado, han tenido un acceso mayoritario a los
proveedores públicos”, detalla.
Pinilla especifica que las aseguradoras dan un servicio diferente en
función de cuánto se pague por este. Y como los funcionarios contribuyen
con una tarifa estándar estipulada en convenios con la administración y
no pagan directamente el importe de la consulta tienen menos
probabilidades, por ejemplo, de conseguir una cita. Además, explica este
investigador, las aseguradoras privadas tienen un objetivo: atraer a la
máxima proporción de funcionarios sanos, así como esquivar a la máxima
proporción de funcionarios poco sanos o demandantes de servicios
costosos que al final son tratados por la sanidad pública.
TRABAJADORES DESIGUALES
Encarna Salguero, secretaria general de la Federación de Enseñanza de
CGT, añade otro elemento a la ecuación: el establecimiento de diferencias
de clase dentro del mismo ámbito laboral en función de si se es interino o
si se tiene plaza en propiedad. “Se considera el acceso a las clínicas
privadas como un privilegio que te quita de colas. Pero es un pez que se
muerde la cola. Lo público está funcionando mal porque no tiene los
recursos necesarios, mientras inyectas recursos públicos a la privada. Si
algún trabajador o trabajadora quiere un servicio privado, que se lo
costeé”, expresa Salguero.
Cuenta la secretaria general de Enseñanza de CGT que en enero todos los
funcionario y funcionarias tienen la opción de cambiar de régimen. Es
entonces cuando desde su federación comienzan una campaña intensiva para
“sensibilizar” sobre la importancia de formar parte de la sanidad
pública. “Como trabajadores públicos conscientes deberíamos escoger la
sanidad pública y luchar para que sea digna y de calidad”, añade.
Por otro lado, Iván Menudo avisa de que el “pseudo privilegio” ya no es
tal. “En su momento, estas compañías eran un oasis de rapidez. Pero
ahora, poco a poco, cada vez hay más gente. Estas mutuas están
recortando los servicios. Estamos viendo una evolución donde cada vez
son más los funcionarios que se pasan de las compañías privadas a la
pública porque no están contentos por el servicio. Ya no solo cuando es
algo grave, ahora para cualquier consulta menor, casi hay menos lista de
espera en la pública que en la privada. Una vez hecho el negocio
empiezan a desmejorar el servicio”, asegura Menudo, quien se cambió a la
pública tras el trance de su rotura en la mano y recalca que de ahí ya
no se va a mover nunca más.
Artículo publicado originalmente en
El Salto
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