Miles de médicas y médicos de países extracomunitarios esperan hasta
cinco años para conseguir convalidar sus formaciones y acceder al MIR,
mientras invierten hasta 4.000 euros anuales en academias de preparación y
buscan las vías para regularizar su situación
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| Luis Garcia, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons |
Es lunes 19 de septiembre. A las 14h acaba el tiempo para presentarse a la
convocatoria de plazas MIR 2023. Este examen da acceso a unas prácticas que
son obligatorias para que las médicas y médicos recién licenciados ejerzan
en España. Pero no están al alcance de todas. Así lo manifiestan con
indignación Jersey Ferrera y Paola Oblitas. Ambas se han apuntado, pero
saben que serán rechazadas. Falta una hora para que acabe el plazo, pero
están resignadas. Las homologaciones de sus títulos de medicina general, uno
conseguido en República Dominicana y otro en Bolivia, están paralizadas en
alguno de los casilleros del Ministerio de Universidades. Las de ellas y de
miles de profesionales extracomunitarios. Solo en 2021 el Defensor del Menor
recibió más de 500 quejas al respecto. Unas quejas que, según esta
institución, se han cuadruplicado en los últimos tiempos. Algunos
expedientes permanecen varados desde hace más de cinco años.
“Nosotras nos inscribimos sin la homologación con la esperanza de que
llegara antes de que se terminara hoy el plazo. Pero saldremos no admitidas,
se nos acabó el tiempo”, expresa Ferrera a El Salto, a pocos minutos de que
se cierre la ventanilla virtual y en la lucha para que se abran ya las
grandes ventanas para ella y sus compañeros y compañeras de profesión, que
han obtenido el título en países de fuera de la Unión Europea y que no
pueden formarse ni ejercer a la espera de un papel. Juntas han formado el
Frente Médico
por una homologación justa, en el que ya hay miles de integrantes. El 16 de
agosto se manifestaron frente al Ministerio de Universidades para
visibilizar su situación.
Ferrera llegó a España en plena pandemia, en el verano de 2020, cuando sus
conocimientos eran más necesarios si cabe. Comenzó el trámite de
homologación en agosto. Hoy lleva 25 meses esperando, mientras el
Real Decreto 967/ 2014
marca un máximo de nueve meses para resolver. “Llegué aquí en plena pandemia
y no me dieron la oportunidad de trabajar. Mientras, llevo dos años
estudiando en una academia para prepararme para el MIR”, explica quien
asegura que su visado de estudiante no le ha permitido trabajar y vive del
dinero que le mandan sus padres desde Santo Domingo. Y hace cálculos: “La
academia cobra por mi curso 3.570 euros al año. El segundo año solo me
cobraron 300 euros. Y ahora repetir me costará 3.570 euros de nuevo”,
expresa con angustia.
A su lado, Oblitas se emociona. “Tengo 30 años y vivo con lo que me mandan
mi madre y mi hermana desde Bolivia”, asegura. “Esto es absolutamente
ilógico, me río para no llorar por la situación. Quiero estar con mis
pacientes, soy médica para eso y llevo sentada entre libros desde hace tres
años”. Su caso es más rocambolesco aún si cabe. Son ya 35 los meses que
lleva esperando por su homologación. “Me cambiaron la fecha de inicio de mi
expediente a 2021, pero yo inicié mis trámites en 2019. Puse una reclamación
ante el Ministerio, he estado peleándome once meses para que me cambiaran
esa fecha. A finales de mayo lo conseguí y en junio me mandaron un
requerimiento. No se entendía ni lo que pedían”, expresa Oblitas. Lo que le
llegó era la petición de una carta de veracidad, un documento que están
exigiendo a la mayoría de médicos en trámites de homologación. Un papel
nuevo que está haciendo retrasar aún más los procesos. Y las “zancadillas”
no acaban ahí. “A algunos compañeros de Bolivia les han pedido que sellen y
entreguen su título original, pero eso no se puede hacer, para eso está la
apostilla de La Haya”, se queja.
EL LARGO PROCESO
José María Casas es portavoz del Frente Interprofesional Migrante, una
plataforma que surge en 2021 para conectar las luchas de diferentes
profesionales. Él es psicólogo, otra de las profesiones que, junto a
odontología o ingeniería, integran la lucha por el fin de los retrasos en
las homologaciones. Explica que para iniciar los trámites, lo primero que
hay que hacer es traer la documentación desde el país de origen con la
apostilla de La Haya, un método simplificado de legalización de documentos a
efectos de verificar su autenticidad al que están adscritos diferentes
países, entre ellos España. “En realidad un país no debería meterse a
revisar los sellos y firmas de otro país porque la apostilla ya garantiza
que se ha cumplido todo”. Casas explica que este método garantiza que toda
la documentación ha sido revisada por las administraciones del país mediante
una cadena de firmas que empieza en el decano de la Universidad, pasa al
rector, después al Ministerio de Educación y finalmente hasta el Ministerio
de Exteriores. “Algunos funcionarios se ponen a objetar, pero el ministerio
del país de origen ya lo revisó todo”, se queja.
Después, la documentación se entrega ante el Ministerio de Universidades a
través de cualquier registro del Estado. “Ellos constatan que tienes en
tus manos el original, lo escanean y te lo devuelven. Ahí obtienes tu
número de registro”, explica Casas. La ley dice que entre el registro y la
resolución no pueden pasar más de seis meses y añade una prórroga de tres
meses para que la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA) emita un dictamen. “A día de hoy están tardando dos
años en convertir el registro en un expediente y darte el número de
expediente para que puedas visualizar su estado en la web. Están tardando
dos años en empezar a tramitar todo”, se queja.
Casas también pertenece a la Asociación de Profesionales de la Salud
Argentinos (APSAE). Entre abril y junio de 2021 hicieron un estudio para
demostrar que estas situaciones no son “anécdotas personales”. Realizaron
329 encuestas entre los profesionales argentinos en trámites de
homologación. La mayoría —un 60%— eran médicas y médicos. Sólo el 38%
podía visualizar su expediente en la web.
SANITARIAS NECESARIAS
Además de la homologación, estas médicas se enfrentan a otro problema a la
hora de acceder a las prácticas del MIR: la existencia de cupos. Así, en la
convocatoria de 2023 se ofertan 8.550 plazas, y solo 513 son para
extracomunitarios, esto es, un 4%. Pero la realidad a veces rompe corsés:
durante 2022, y ante la existencia de plazas vacantes con la gran necesidad
de médicos que existe en la actualidad, el Ministerio de Sanidad decidió
aumentar el cupo hasta el 10%. Sindicatos médicos claman contra esta medida.
Hablan de “parche” ya que estas personas, alegan, se formarán y deberán
regresar a sus países de origen ante la ausencia de permisos de
trabajo.
“No nos apoyan porque somos migrantes”, critica Jersey Ferrera, quien
niega que el objetivo de ella y de sus compañeros y compañeras sea
retornar a sus países. Mientras se forman, buscan vías para regularizarse
y, además, el recientemente reformado
Reglamento de Extranjería, en su artículo 42, prevé la posibilidad de que las personas que cuentan
con una autorización de estancia por estudios puedan ser autorizadas a
realizar actividades laborales.
Ferrera avisa: entre los y las aspirantes a homologar sus títulos también
hay españoles y españolas, que se han formado en países de América Latina,
al no conseguir la nota de corte para hacer la carrera en su país de
origen. Además, hay personas de origen latinoamericano que han conseguido
la nacionalidad española. Es el caso de Clara, quien llegó a España desde
República Dominicana en 2008. “Llegué con el objetivo de acabar la carrera
aquí a través de una beca. Me pilló la crisis y no lo conseguí, tuve que
ir y venir. En 2019 me gradué en la Universidad Autónoma de Santo Domingo
y en agosto de 2020 comencé a homologar mi título en España”, explica. En
este tiempo, calcula que se ha gastado 4.000 euros en una academia. Este
año tenía una beca online pero, como no ha conseguido su homologación,
para el siguiente año deberá de pagar otros 4.000 euros. Asegura haber
mandado miles de correos al Ministerio. Siempre le responden con una
respuesta tipo. Mientras, trabaja en lo que puede.
“En mi caso tengo la nacionalidad, podría ejercer en cualquier momento
pero no lo puedo hacer porque no me he homologado. España necesita
médicos, que ponga a sus funcionarios a trabajar. Tengo a mi familia aquí,
mi objetivo es quedarme aquí. Solo pido trabajar en lo que me he formado”,
se queja.
RACISMO INSTITUCIONAL
Para José María Casas, en el fondo de esta situación están los prejuicios:
el racismo institucional. “Hay una cuestión dentro del Ministerio muy
arraigada de que los títulos españoles son los mejores del mundo. Hay un
chovinismo en disciplinas donde uno más uno es dos. Son ciencias, no son
cuestiones discutibles. Hacer un bypass es hacer un bypass. Si te digo que
tu título no vale, te estoy diciendo que tú no vales”, denuncia. Casas
explica que, además de las aspirantes a MIR, en España hay profesionales ya
formados y especializados, varados porque no se reconocen sus especialidades
médicas.
Por eso, toca buscar aliados. Senadores como Josep María Reniu, de ERC,
han llevado su causa hasta la cámara alta. Reniu explica a El Salto que,
con esta lentitud “exasperante”, España está creando grandes bolsas de
precariedad, obligando a gente “con experiencia y formación” a aceptar
contratos basura en otros sectores. “Tenemos una situación de
carencias en determinados sectores. Tenemos un grupo de ciudadanas y
ciudadanas formadas, que tienen las capacidades y que tienen que acreditar
que cuentan con ese potencial para cubrir esas necesidades. ¿Por qué no se
acelera el proceso?”, se pregunta.
A este respecto, Reniu explica que comparecieron en el Senado la directora
de ANECA, Mercedes Siles Molina, y el secretario de estado de
Universidades, José Manuel Pingarrón. Y que pusieron sobre la mesa
compromisos. “Se nos ha indicado que se está trabajando en un nuevo real
decreto de titulaciones extranjeras”, asegura. Por otro lado, el nuevo
Anteproyecto
de Ley Orgánica del Sistema Universitario, que ya ha comenzado su andadura
en el Congreso, incorpora articulado para la “atracción de talento”. Así,
el artículo 28.2 se compromete a agilizar y simplificar los trámites de
homologación. Reniu se muestra optimista. “Yo creo que se va a poder
descongestionar el tapón. Se van a reconsiderar los recursos y los
procedimientos. Durante el año próximo tendremos mejoras sustanciales”,
asegura.
Mientras, Jersey Ferrera y Paola Oblitas reúnen el dinero para apuntarse
otro año más a la academia. Toca confiar en que el que entra será el
último curso en tierra de nadie. “Hemos dejado nuestras vidas en nuestros
países para venir detrás de un sueño, que no se planifica de la noche a la
mañana, para llegar a este punto… y no puedo hacer nada…”, deja en
suspenso Oblitas mientras confía en que la lucha colectiva dé sus frutos.
Artículo publicado originalmente por
El Salto
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