La propuesta del Ministerio de Sanidad perpetúa la exclusión sanitaria en función del tiempo de estancia en el país. Comunidades como Madrid, donde se han documentado hasta 27.000 personas excluidas de la sanidad, aprovechan para dar un giro aún más restrictivo
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| Jose Javier Martin Espartosa, CC BY-NC-SA 2.0, vía Flickr |
por Sara Plaza Casares
“Tenemos un nuevo anteproyecto de ley que no soluciona nada. No representa
un cambio sustancial porque, tal como está redactado el borrador, la
exclusión sanitaria va a seguir existiendo durante los primeros meses de
estancia en España aunque la persona establezca su residencia aquí”. Nacho
Revuelta, portavoz de la plataforma Yo Sí Sanidad Universal, resume así lo
que, de momento, es una derrota para los colectivos sociales que llevan
batallando por la vuelta a la universalidad en la atención sanitaria desde
el Real Decreto 16/2012 de Mariano Rajoy.
Fue este decreto el que, con la excusa de la crisis, inauguró el ‘apartheid
sanitario’: algunos colectivos, como los migrantes en situación irregular,
se quedaban fuera del sistema de salud. El PSOE, que desde su llegada al
poder se comprometió con el fin de la exclusión sanitaria, aún no lo ha
materializado. Lo intentó con el Real Decreto 7/ 2018, pero lo hizo de
manera incompleta, tal y como denuncian los colectivos sociales. Este
decreto establece que las personas que se encuentran de manera “temporal” en
nuestro país necesitan un informe de servicios sociales para recibir
atención sanitaria.
Hemos documentado desde mujeres embarazadas o menores de edad a quienes se les ha denegado la atención, que no han podido acreditar su estancia de 90 días. Pero también personas que tenían enfermedades graves como cáncer, problemas cardiovasculares o diabetes, que no se les ha atendido o se les ha facturado
Las Comunidades Autónomas hicieron una lectura restrictiva y comenzaron a
exigir empadronamientos de más de 90 días para recibir asistencia. El
informe de servicios sociales también actuó como un tapón para el acceso a
la sanidad. El resultado: la plataforma REDER lleva documentados 5.000 casos
de exclusión sanitaria desde 2018, y aseguran que sólo son “la punta del
iceberg”. “Casos de muchos tipos: desde mujeres embarazadas o menores de
edad a quienes se les ha denegado la atención, que no han podido acreditar
su estancia de 90 días. Pero también personas que tenían enfermedades graves
como cáncer, problemas cardiovasculares o diabetes, que no se les ha
atendido o se les ha facturado”, explica Pablo Iglesias, portavoz de REDER.
Había esperanzas en el nuevo anteproyecto de ley. La sorpresa para las
organizaciones sociales es que su formulación es aún más regresiva, tal y
como denuncian. Así, en su artículo 3 ter punto cuatro queda especificado la
necesidad de demostrar que las personas llevan más de 90 días en España para
tener derecho a una asitencia sanitaria gratuita, es decir, se fija por ley
la lectura restrictiva que ya habían hecho algunas comunidades. Por ello,
desde que se hizo público, en noviembre de 2021, los colectivos en lucha no
han podido colgar las herramientas. El próximo 7 de abril harán público un
manifiesto frente al Ministerio de Sanidad, con el que están recabando
firmas para advertir de que la exclusión no acaba y presionar para que la
nueva ley incluya sus demandas.
CAMBIO DE FILOSOFIA
Para la Red Solidaria de Acogida, el principal problema del borrador de ley
es que no cambia la filosofía del decreto del PP. “Se sigue dividiendo entre
titulares de derecho y otras personas, y las personas sin permiso de
residencia no están en el bloque de titulares de derechos. No pone a todas
las personas en el mismo nivel y establece excepciones”, explican a El Salto
desde este colectivo, que acompaña y asesora a la población migrante.
Además, añaden desde este colectivo, este anteproyecto mantiene a otro
colectivo en el limbo: El caso de las y los ascendientes reagrupados;
personas con permiso de residencia que han sido reagrupados por sus hijos
e hijas, a quienes la ley de extranjería exige un seguro privado. “Son
personas muy mayores, muy dependientes, que sus hijos e hijas traen aquí
para cuidar y no tienen acceso a la sanidad”, avisan.
Desde Yo Sí Sanidad Universal crearon un grupo paralelo que aglutina estos
casos. Se llama ‘Grupo de afectadas por el INSS’ porque es esta
institución, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el que bloquea
sus tarjetas sanitarias. Comenzaron una lucha en los tribunales que les ha
llevado a conseguir más de 70 sentencias a su favor.
Lo que hay que hacer es recuperar la lógica previa a 2012, que reconocía el acceso a la sanidad en condiciones de igualdad a todas las personas independientemente de su situación administrativa
“Lo que hay que hacer es recuperar la lógica previa a 2012, que reconocía el
acceso a la sanidad en condiciones de igualdad a todas las personas
independientemente de su situación administrativa. Y vamos a hacer lo
posible porque sea lo que finalmente se recoja en el anteproyecto”, explica
el portavoz de REDER.
VISIÓN ULTRARRESTRICTIVA: COMUNIDAD DE MADRID
Esta visión de un acceso sanitario a dos velocidades ha propiciado el
surgimiento de diferentes modelos en las Comunidades Autónomas. Y, tal y
como denuncian los colectivos, el paradigma de la exclusión sanitaria se da
en Madrid, donde Yo Sí Sanidad Universal ya ha detectado más de 27.000 personas fuera del sistema. El gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso ha
llevado hasta el extremo el acceso condicionado a la sanidad, mediante la
creación de Unidades de Tramitación que empezaban a funcionar en noviembre
de 2021.
Estas siete oficinas tramitan el derecho a la asistencia sanitaria de
todas las personas en situación irregular y de todas las que han
solicitado protección internacional. Así, estos migrantes se ven
desplazados de los cauces generales hasta oficinas que están actuando como
cuellos de botella. “Algunas están dando cita para octubre”, denuncia
Revuelta. Según ha documentado su colectivo, en la oficina correspondiente
al Centro de Salud de San Andrés, de Villaverde Alto, la demora es de casi
200 días.
“Se está dando un fraude de ley”, denuncia el portavoz de Yo Sí Sanidad
Universal. “Personas que tienen derecho a la asistencia sanitaria desde el
momento en el que pisan nuestro país, como las personas solicitantes de
asilo, tardan hasta siete meses en conseguir su tarjeta sanitaria”, alerta
quien se queja de que con las personas ucranianas se está estableciendo
una excepción que debería aplicarse también al resto.
Nos parece genial que se facilite el acceso a la sanidad de las personas ucranianas pero, ¿qué pasa con el resto? Se están creando refugiados de primera y de segunda
Así, y según una instrucción enviada el pasado 23 de marzo de 2022 por la
Consejería de Sanidad, las personas procedentes de Ucrania pueden resolver
su derecho a la asistencia sanitaria sin necesidad de pedir cita previa. Y
además, para estas personas, se ha habilitado una oficina de atención
especial en el Hospital Enfermera Isabel Zendal. “Nos parece genial que se
facilite el acceso a la sanidad de las personas ucranianas pero ¿qué pasa
con el resto? Se están creando refugiados de primera y de segunda”, se queja
Revuelta quien advierte de que, mientras, no se están haciendo seguimientos
a embarazos, no se están poniendo vacunas a niños y niñas y se están
emitiendo facturas en urgencias.
ALERTA DE SALUD PÚBLICA
Hay quienes apuntan hacia un problema de salud pública ya que se está
retrasando el tratamiento de enfermedades infecciosas. Alarma que lanzaban
el pasado 6 de marzo desde un grupo de siete sociedades científicas, entre
las que se encuentra la Sociedad Española de Salud Pública y
Administración Sanitaria (SESPAS) o la Asociación Madrileña de Salud
Pública (AMASAP). Hablan de dificultades y demoras en el reconocimiento
del derecho a la asistencia sanitaria en personas con infecciones como
VIH, lo que está impidiendo o retrasando el acceso a test diagnósticos,
tratamientos o medidas preventivas.
“Es especialmente delicada la situación en que se encuentran aquellas
personas que están infectadas por el VIH o que están en riesgo de
infectarse. Las barreras de acceso al diagnóstico y al tratamiento
profiláctico (la PrEP) o terapéutico (los antirretrovirales) impiden la
consecución de unos objetivos clínicos, epidemiológicos, de economía de la
salud y de salud pública que redundarán en beneficio no sólo de la persona
atendida sino de toda la sociedad”, aseguran.
Pablo Iglesias, portavoz de REDER, es tajante a este respecto: “La salud
colectiva y la salud individual están conectadas. La mejor forma de salvar
la salud de todos es salvar la salud de cada uno”. Y pone un ejemplo:
durante la pandemia, en el octavo plan de vacunación se incluyó a todos
los colectivos que restaban por recibir la dosis, incluidas las personas
en situación irregular. “Las que no pueden acceder a la sanidad no están
en las bases de datos. El ministerio tuvo que tirar de organizaciones
sociales para acceder a estas personas”, explica quien concluye que con la
exclusión pones en riesgo a toda la sociedad.
No estamos pidiendo nada que no existiera en este país previamente. No estamos pidiendo una panacea
Mientras, los colectivos no cesan en su labor de presión. El Gobierno se ha
dado de plazo este primer semestre para que el nuevo anteproyecto se apruebe
en el Consejo Ministerial, y después de eso, deberá seguir el trámite
parlamentario como proyecto de ley. El portavoz de la plataforma REDER
asegura que están en diálogo permanente con el Ministerio de Sanidad, a
quienes han traslado una batería de enmiendas muy concretas para que
introduzcan en el texto. También se las han hecho llegar a Unidas Podemos,
tanto a su grupo parlamentario como a los ministerios que ocupan. “Vamos a
hacer lo posible para que la lógica de 2012 sea la que finalmente se
recoja en el anteproyecto. Si el Ministerio no lo hace, lo trabajaremos con
los grupos políticos para que sean ellos los que recojan el guante. No
estamos pidiendo nada que no existiera en este país previamente. No estamos
pidiendo una panacea”, concluye Iglesias.
Publicado originalmente por elsaltodiario.com
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